"Esto se trata de justicia". Resulta que Concord ha dejado un legado que el Parlamento británico usa como ejemplo de lo mal que lo pasamos los jugadores

El súbito cierre de Concord, el fallido shooter multijugador de Sony lanzado en agosto de 2024 y desaparecido desde septiembre de ese mismo año, ha llegado hasta el Parlamento del Reino Unido. Durante un reciente debate en la Cámara de los Comunes, varios diputados utilizaron el caso del título como ejemplo de la necesidad de fortalecer las leyes de protección al consumidor y la preservación de videojuegos, en un contexto marcado por la creciente preocupación sobre el futuro de los juegos como servicio y el movimiento Stop Killing Games.

El diputado Ben Goldsborough lideró la sesión, destacando el impacto cultural y económico del sector, que aporta 7.600 millones de libras y 75.000 empleos al país. Goldsborough subrayó que los jugadores no solo invierten dinero, sino también "tiempo, esfuerzo, imaginación y amistad", y que, cuando un videojuego deja de estar disponible sin previo aviso, todo ese valor personal se pierde. Para el parlamentario, la industria necesita más responsabilidad y compromiso con la preservación digital: "Esto trata de justicia, creatividad y de proteger un legado cultural del que el Reino Unido debería sentirse orgulloso".

Sony no avisó con suficiente antelación del cierre de Concord

Durante el debate se mencionó específicamente cómo Concord, tras su lanzamiento decepcionante, fue retirado poco después por decisión comercial de Sony, impidiendo que se pudiera acceder a él. Aunque la compañía ofreció reembolsos a todos los compradores, el diputado destacó que este tipo de medidas no deben ser la norma. "Cuando los editores no dejan claro el tiempo de vida de un juego en el momento de la compra, deben rendir cuentas", señaló uno de los miembros de la Cámara, haciendo referencia a la nueva Ley de Mercados Digitales, Competencia y Consumidores de 2024, que obliga a las empresas a informar sobre la funcionalidad y longevidad de los productos digitales.

Algunos diputados defendieron que las empresas deberían asumir una obligación de preservación o permitir que las comunidades mantengan vivos los juegos en servidores independientes. En contraste, otros legisladores plantearon las dificultades legales y técnicas que esto supondría, aunque reconocieron la necesidad de alcanzar una "justicia natural", es decir, que quien paga por un producto digital debería poder usarlo mientras lo desee.

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Pese a la amplia mayoría de opiniones favorables hacia los consumidores, el Gobierno británico afirmó que no tiene previsto modificar las leyes actuales. Aun así, el debate ha servido para visibilizar una preocupación creciente: el riesgo de que videojuegos recientes y significativos desaparezcan por completo al cesar su soporte online. Casos como el de Concord no solo evidencian los peligros de los modelos de servicio efímeros, sino que, aunque nadie lo esperaba, animan a mantener la conversación sobre el derecho a conservar y acceder a los videojuegos como parte del patrimonio cultural digital.

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