"Teniendo en cuenta que presupuestalmente los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el Gobierno". 

Es la respuesta que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) acaba de dar a lo planteado por el presidente Gustavo Petro, quien en su alocución del lunes en la noche, dejó abierta la posibilidad de que los recursos de concesiones 4G que no están avanzando se utilicen para atender la emergencia por fiebre amarilla.

En un extenso pronunciamiento de ocho puntos, la CCI no solo dejó clara las razones de por qué esa propuesta no es viable en las circunstancias actuales, sino también, cuáles serían los mecanismos legales que permitirían que esa alternativa esbozada por el Ejecutivo se pueda concretar.

Menciona, por ejemplo, que proyectos que no se han podido iniciar o culminar por razones ajenas a los concesionarios se pueden liquidar de mutuo acuerdo, con lo cual se liberarían  recursos de vigencias futuras disponibles.

"Solo tres proyectos no se han podido iniciar o culminar por razones ajenas a los concesionarios, relacionadas con licencias ambientales que no fueron otorgadas oportunamente por el gobierno nacional, lo cual ha sido reconocido por tribunales de arbitramento", advierte el gremio.

Y menciona que entre esas iniciativas está la Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona, así como el proyecto Mulaló–Loboguerrero, en el que el Gobierno Nacional "bien puede llegar a un acuerdo con el concesionario para garantizar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación", dice.

Mulaló–Loboguerrero

El gremio hizo especial mención a la situación del proyecto víal Milaló-Loboguerrero a cargo del concesionario Covimar, frente a lo cual señaló que "no es cierto que el concesionario le deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos".

En ese sentido, aclararó que la totalidad de las vigencias futuras que la Nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar dicho proyecto, es del 1,8 billones de pesos, recursos que han generado rendimientos por 400.000 millones, para un valor total de 2,2 billones de pesos, monto que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y no del concesionario. 

Al no estar ejecutados estos recursos a la fecha, el concesionario no tiene ninguna deuda con el Estado, insiste la CCI, para la que es claro que tampoco el concesionario "no ha hecho, ni puede, hacer uso de esos recursos", toda vez que esa decisión del uso depende solo del gobierno nacional, el cual tiene que decidir entre hacer la obra a precios de hoy o liquidar el contrato.

Vigencias futuras, claves

En su comunicación, la Cámara también hace una defensa de la figura de las vigencias futuras como mecanismo para el desarrollo de esos grandes proyectos de infraestructura que requiere el país, al punto que el mismo Gobierno del presidente Gustavo Petro" lo acaba de utilizar en su primer proyecto férreo (Dorada–Chiriguaná) y tendrá que utilizarlo, nuevamente, para honrar los compromisos adquiridos con los ciudadanos del sur del país, en el sentido de construir la estratégica vía Pasto-Popayán".

Desde la CCI insistieron en que "los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado. Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado", al tiempo que resaltaron que "todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno está incumplido".

Un reciente análisis del centro de estudios económicos Anif, señala que el modelo de vigencias futuras ha permitido comprometer recursos del Estado para proyectos de largo plazo, facilitando así la inversión privada. No obstante, su efectividad se ha visto comprometida por decisiones como el congelamiento en el cobro de las tarifas de los peajes en 2023 y ahora con la incertidumbre en la ejecución del Presupuesto que ha paralizado el desarrollo de grandes obras.

El mismo análisis advierte que las solas vigencias futuras para el Invías y la ANI representan más del 50 por ciento de su presupuesto total, al tiempo que señala que esa fragilidad del sistema se empieza a ver en la acumulación de vigencias expiradas. "Para el Invías, el monto asciende a más de 1 billón de pesos, afectando a 57 proyectos de interés nacional".

Lea aquí el comunicado completo

Sobre afirmaciones del presidente Petro:

CCI se pronuncia

Bogotá, 22 de abril de 2025. En relación con la declaración del presidente Gustavo Petro, en el consejo de ministros de ayer, la CCI hace las siguientes precisiones y rectificaciones:

1. Todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido.

2. Los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado. Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. 

Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoría, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del gobierno nacional.

3. Teniendo en cuenta que presupuestalmente los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el gobierno.

4. Solo tres proyectos no se han podido iniciar o culminar por razones ajenas a los concesionarios, relacionadas con licencias ambientales que no fueron otorgadas oportunamente por el gobierno nacional, lo cual ha sido reconocido por tribunales de arbitramento.

5. En este sentido, proyectos como Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona, pueden liquidarse de mutuo acuerdo, liberando recursos de vigencias futuras que resulten disponibles después de aplicar las fórmulas de liquidación incluidas en los contratos.

6. En el caso de Mulaló–Loboguerrero, el gobierno nacional bien puede llegar a un acuerdo con el concesionario para garantizar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación.

Sobre el particular, no es cierto que el concesionario le deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos.

Es necesario aclarar que la totalidad de las vigencias futuras que la nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar el proyecto Mulaló – Loboguerrero, es del orden de un billón ochocientos mil millones de pesos. Esta cifra ha generado rendimientos -en el propio patrimonio autónomo- por cuatrocientos mil millones, para un valor total de 2,2 billones de pesos; monto que hoy está a cargo de la ANI y no del concesionario. Estos recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el concesionario no tiene deuda alguna con el Estado.

Al respecto, el concesionario no ha hecho, ni puede, hacer uso de esos recursos libre y autónomamente. La decisión del uso de ese dinero depende exclusivamente del gobierno nacional, el cual tiene que decidir entre hacer la obra a precios de hoy o liquidar el contrato.

7. Finalmente, es tan evidente la virtuosidad del mecanismo de vigencias futuras, que el propio gobierno del presidente Petro lo acaba de utilizar en su primer proyecto férreo (Dorada–Chiriguaná) y tendrá que utilizarlo, nuevamente, para honrar los compromisos adquiridos con los ciudadanos del sur del país, en el sentido de construir la estratégica vía Pasto-Popayán.

8. La CCI reitera, una vez más, su voluntad de trabajar de la mano del gobierno nacional en la construcción de las soluciones de infraestructura que demanda el país, y hace un llamado para que en este debate no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afectan la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia.