En 1878 un sultán de Borneo y unos británicos firmaron un acuerdo. Ahora exigen que España les pague 15.500 millones de euros

En un rincón del sudeste asiático, la isla de Borneo ha sido escenario de un enredo histórico que parece salido de una novela. Lo que empezó hace más de un siglo como un acuerdo comercial entre un sultán local y empresarios europeos hoy se traduce en demandas multimillonarias y arbitrajes internacionales que involucran a España, Malasia y los descendientes del sultanato de Joló.

Lo sorprendente es que el origen de todo este lío se remonta a un detalle que muchos pasarían por alto, pero dado que cuando ocurrió la isla estaba bajo jurisdicción española, un siglo y medio más tarde, el embrollo judicial ha salpicado a una España que se ha visto involucrada en una demanda de 15.500 millones de euros sin comerlo ni beberlo.

Firma del acuerdo y movimientos coloniales

En 1878, la isla de Borneo estaba bajo administración española en ciertas áreas, aunque la autoridad real correspondía al sultán de Joló, máxima autoridad en un pequeño reino musulmán situado al norte de esa isla.

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En ese año, el sultán Jamalul Alam firmó un acuerdo con dos empresarios británicos, Barón de Overbeck y Alfred Dent para la explotación de los recursos naturales de la zona. Sin embargo, para los descendientes del sultán, aquel contrato tenía un carácter de arrendamiento, mientras que para los británicos implicaba una cesión definitiva. Primer punto de discordancia.

España, como potencia administradora de la época, dejó constancia de sus límites y ni pinchaba ni cortaba ni cortaba en aquel acuerdo.

Reproducción del acuerdo de 1878

En 1885 se firmó el Protocolo de Madrid entre Reino Unido, Alemania y España, con la que España renunciaba formalmente a cualquier derecho sobre Borneo y reconocía el control británico de la zona, quedando en manos de la Compañía Británica del Norte de Borneo para su explotación colonial y pasó a formar parte de los territorios coloniales británicos.

Ya en 1963, la isla de Borneo se integró en la recién formada Malasia, y el sultanato de Joló se integró como el estado de Sabah. En virtud del acuerdo firmado en 1878, el gobierno malasio era el "heredero" de aquella cesión/arrendamiento del territorio, por lo que mantuvo un pago simbólico anual de unos 5300 ringgit (unos 1.110 euros anuales al cambio) a los herederos del sultán.

Sin embargo, en la década de los 80 y los 90, se descubrieron yacimientos de petróleo y gas en ese territorio, por lo que Malasia, a través de la empresa Petronas. Con un tesoro de semejante magnitud bajo el suelo de su territorio y con una diferencia de criterio en cuanto al significado del acuerdo inicial, los herederos de Sultán de Joló comenzaron a presionar a Malasia para que les devolviera sus tierras. Algo que Malasia rechazó de pleno.

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Invasión de Sabah y comienzo de la batalla

Todo cambió en 2013, cuando un grupo de 235 vinculado a los herederos del sultán de Joló invadió Sabah iniciando lo que se conoció como el Conflicto de Lahad Datu, reclamando la soberanía de la región.

Malasia respondió con fuerza militar y detuvo a los rebeldes declarando que el estado de Sabah formaba parte de la soberanía de Malasia. Como represalia, decidió suspender los pagos históricos a los descendientes del sultán. Esa suspensión marcó el inicio de una larga disputa legal internacional ya que ahora los herederos no tenían ni el derecho de propiedad de las tierras ni Malasia reconocía el acuerdo firmado en 1878.

Dado que en 1878 el reino de Sabah estaba bajo el control administrativo de España, los herederos del sultán consideraron que la jurisdicción histórica era de España y solicitaron un arbitraje en España, confiando en que los tribunales del país podrían actuar como sede neutral para solucionar el conflicto entre Malasia y los herederos del Sultán de Joló.

Territorio en discordia

De desacuerdo comercial, a conflicto internacional milmillonario

En 2019 y ya en España, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) asignó en principio el arbitraje al abogado Gonzalo Stampa. Sin embargo, en 2020 y tras estudiar el caso con más detenimiento, el mismo tribunal ordenó al árbitro Stampa detener el arbitraje al determinar que el Estado de Malasia no podía ser juzgado por otro Estado.

A pesar de la inhabilitación y las órdenes desde la justicia española, Stampa hizo caso omiso y siguió adelante con el proceso de mediación.

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Dado que se lo habían prohibido en España, Stampa trasladó el arbitraje a París y, en 2022, dictó un laudo favorable a los herederos del sultán. En el laudo dictado por Stampa, que recordamos por aquel entonces iba "por libre" y ya sin el reconocimiento de España, se podía leer: "[…] el Árbitro decide que los Demandantes tienen derecho a recuperar del Demandado el valor de restitución de los derechos sobre el territorio arrendado en el norte de Borneo. […] y ordena al Demandado pagar a los Demandantes la suma de 14.920 millones de dólares estadounidenses".

Pintura del Sultán de finales del siglo XIX

Es decir, no solo se ha había saltado las instrucciones de la justicia española, sino que además condenaba a Malasia a pagar una indemnización de 15.000 milllones de dólares a los herederos.

Obviamente, ni Malasia ni España ni siquiera la Corte de Apelación de París y luego la Cour de Cassation francesa reconocieron la nulidad del arbitraje. De hecho, el Tribunal Supremo ha condenado recientemente al árbitro Stampa por desacato y usurpación de funciones.

Pese a que ninguna autoridad reconocía ese arbitraje, los herederos intentaron ejecutar el laudo confiscando bienes de Malasia, en forma de activos de Petronas, en Holanda y Luxemburgo, pero los tribunales europeos suspendieron temporalmente la acción.

Paralelamente, los herederos del Sultán de Joló presentaron una nueva querella contra España reclamando 15.500 millones de euros, alegando que el país había obstaculizado la ejecución del laudo. Esta demanda acaba de ser desestimada por el tribunal del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dependiente del Banco Mundial, que consideró que no existía una "inversión protegida" y condenó a los herederos a asumir los costes del procedimiento.

El resultado es que España sale de la disputa sin pagar un solo euro, mientras que la batalla legal por el territorio y las indemnizaciones contra Malasia sigue abierta y con múltiples frentes en Europa y Asia. Lo que comenzó como un acuerdo entre un sultán y unos empresarios hace más de 140 años se ha convertido en un complejo enredo judicial internacional que ha estado a punto de costarnos 15.500 millones sin comerlo ni beberlo.

El embrollo legal aún no tiene final a la vista. No lo celebremos todavía.

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Imagen | Wikimedia Commons (Kawaputra)

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