Bruselas acaba de abrir otra investigación contra Google: esta vez apunta directamente a su ‘política de abuso de reputación’
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Lo que hoy ha puesto en marcha Bruselas no es una nota técnica más sobre cómo funciona Google, sino un movimiento que apunta directamente a la forma en que se decide qué vemos cuando buscamos información. Una política interna pensada para combatir el spam ha terminado en el centro de un nuevo expediente europeo porque, según la Comisión, podría estar relegando el contenido de medios y editores legítimos. Una cuestión que, para la Comisión, merece ser revisada a fondo para determinar si su aplicación está teniendo efectos no deseados.
Estamos ante una actuación que abre un procedimiento oficial en el que la Comisión evaluará si Google está cumpliendo las obligaciones del DMA en relación con el trato que reciben los editores en su buscador. Bruselas quiere comprobar si las condiciones de acceso y posicionamiento se ajustan a los criterios de equidad previstos para los servicios designados como gatekeeper. Esta fase inicial no implica atribuir una infracción, pero sí activa un proceso detallado que permitirá determinar cómo se está aplicando realmente la normativa.
Política bajo sospecha. Google incluye la ‘política de abuso de reputación’ dentro de sus normas contra el spam en la Búsqueda y la presenta como una herramienta para abordar prácticas destinadas a manipular la clasificación en los resultados cuando los sitios incluyen contenidos de socios comerciales. Desde la perspectiva técnica, la motivación tiene sentido: el ecosistema está lleno de prácticas que intentan explotar brechas para obtener mejor posición en los resultados.
La duda de la Comisión es si esta política está afectando a publicaciones que recurren a colaboraciones comerciales dentro de un marco editorial legítimo. Para los medios, estos acuerdos son una fuente de ingresos importante, y su degradación en Google Search puede tener efectos reales en la audiencia. Bruselas quiere saber hasta qué punto su aplicación puede estar penalizando a actores que no buscan manipular nada. El análisis girará en torno a esa línea fina.
DMA en acción. La Ley de Mercados Digitales establece un régimen propio para las plataformas consideradas gatekeepers, las grandes plataformas que actúan como puerta de entrada entre empresas y usuarios en el entorno digital. A estos servicios se les exige que sus normas internas sean comprensibles, justificadas y revisables por la Comisión, incluso antes de que exista un daño demostrado. La investigación se enmarca en ese modelo: Bruselas quiere validar que la política aplicada por Google cumple las obligaciones reforzadas que acompañan a ese estatus.
Golpe al modelo de ingresos. La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, fue explícita sobre el punto que más inquieta a Bruselas: “Nos preocupa que las políticas de Google no permitan tratar a los editores de noticias de manera justa, razonable y no discriminatoria en los resultados de búsqueda”. Subrayó además que la pérdida de ingresos llega “en un momento difícil para el sector”, lo que convierte esta investigación en algo más que una revisión técnica.
Una relación larga y complicada. Bruselas mantiene desde hace años un escrutinio constante sobre Google, visible en sanciones como los 2.950 millones de euros impuestos en septiembre de 2025 por prácticas en su negocio publicitario, o en la multa por Google Shopping de 2017, ratificada por el Tribunal de Justicia europeao en 2024. Esta nueva investigación no parte de cero: se suma a un historial que refleja cómo la Comisión ha endurecido su vigilancia a medida que la actividad de la compañía ha ido abarcando más sectores.
Presión desde Washington. El caso también llega en un momento en el que algunas de las críticas más sonoras al marco digital europeo provienen de Estados Unidos. Donald Trump ha denunciado que medidas como el DMA perjudican a empresas estadounidenses y ha advertido de posibles aranceles adicionales si persisten. Sin formar parte del expediente, estas declaraciones ilustran el contexto político en el que se examina la política de Google y muestran cómo la regulación europea convive con una creciente sensibilidad comercial al otro lado del Atlántico.
Los posibles desenlaces. A partir de ahora, Bruselas examinará documentación, pedirá aclaraciones a Alphabet y evaluará si la política encaja en las obligaciones del DMA. Si detecta incumplimientos, informará a la compañía de sus conclusiones y de las medidas que considera necesarias para corregirlos. El procedimiento puede cerrarse sin sanciones, con ajustes internos por parte de Google o con la imposición de obligaciones formales y, en último término, de multas. La Comisión prevé completar el análisis en un plazo de hasta doce meses.
Imágenes | sarah b | 1981 Digital
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Bruselas acaba de abrir otra investigación contra Google: esta vez apunta directamente a su ‘política de abuso de reputación’
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Javier Marquez
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