EE.UU. quiere salvar a Intel, pero hay un problema: su acuerdo es perjudicial para todos los involucrados

Intel lleva más de un año sumida en una polémica que no consigue dejar atrás. Todo surgió a raíz de los fallos de su nueva generación de procesadores, una situación que dio pie a varios descalabros en la compañía que, a la postre, le llevaron a firmar la mayor ola de despidos de su historia. Como consecuencia directa de todos esos movimientos, la compañía norteamericana forzó la salida de Pat Gelsinger para ceder el testigo a Lip-Bu Tan, nuevo CEO de la marca que llegó a un acuerdo con EE.UU. para vender el 10% de la empresa. Sin embargo, según revelan los expertos, este acuerdo podría no ser tan prolífico como muchos creen.

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Como señala PC Gamer, Estados Unidos está buscando adquirir el 10% de participación en Intel a través de un acuerdo financiado por la Ley CHIPS. A pesar del interés mutuo, la propia compañía habría advertido en un documento oficial (Form 8-K enviado a la SEC) que esta alianza podría ser negativa para su negocio, ya que existen riesgos relacionados con las reacciones de inversores, empleados, clientes, proveedores, competidores y gobiernos extranjeros. Además, también ha anticipado posibles litigios y un aumento tanto en la presión política como en la mediática.

El trato entre Intel y EE.UU.

Intel, según revela la publicación original, teme que la participación del gobierno afecte a sus ventas internacionales, una condición que representa hasta el 76% de los ingresos de la compañía en 2024. Por consiguiente, el control del gobierno podría implicar nuevas regulaciones y restricciones en mercados extranjeros, ya que el acuerdo menciona una serie de garantías que darían al gobierno la posibilidad de actuar si Intel deja de poseer al menos el 51% de su negocio de fundición.

Para algunos analistas, este lenguaje abre la puerta a la futura venta de las fábricas de Intel, una opción que ha estado sobre la mesa en los últimos meses a raíz de los lazos que ha forjado la compañía con TSMC, el gigante taiwanés. Sin embargo, Morgan Stanley señaló que esta situación choca de forma directa con el espíritu de la Ley CHIPS, un movimiento que tiene la intención de asegurar la estrategia de fundición dentro de Estados Unidos. Así, a pesar de los rumores, la intervención del gobierno norteamericano podría evitar la venta de las fábricas de Intel.

En la misma publicación, se informa que los juristas consideran que la Ley CHIPS podría bloquear la posibilidad de convertir las subvenciones en acciones. Esto, dicho de otra forma, implica que todo el acuerdo sería ilegal y, por ende, tendría que resolverse en los tribunales. Por tanto, llegados a este punto, la incertidumbre es total: el acuerdo podría colapsar en los juzgados, Intel podría vender sus fábricas y, además, su futuro depende del éxito de los procesadores Panther Lake y el nodo 18A que se han convertido en la piedra angular de la marca.

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